España va a recibir durante el periodo 2014-2020, Fondos FEDER por un importe total de 19.408 M€.
En este periodo, la UE pone énfasis en el uso de la innovación como motor de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Por este motivo, concentra 12.246 M€ en cuatro objetivos temáticos con un claro sesgo tecnológico: Potenciar la investigación, el desarrollo y la innovación; Mejorar el uso y la calidad de las tecnologías de la información y de la comunicación y el acceso a las mismas; Mejorar la competitividad de las PYMES y Favorecer la transición a una economía baja en carbono en todos los sectores.
Esta excelente noticia, tiene un importante peaje: Europa financia entre un 50% y un 85% del proyecto propuesto por una determinada administración española, siendo esta última la que debe aportar el resto complementario al 100%. Este “complemento” representa la necesidad de que las arcas públicas (o privadas) españolas, aporten más de 5.000 M€ para que se puedan ejecutar la totalidad de los fondos previstos durante el periodo. Si no fuese así, se perderían aquellos fondos no cofinanciados por España.
Dadas las limitaciones presupuestarias y de déficit a que están sometidas las administraciones españolas, solamente la colaboración entre en sector público y el privado puede ayudarnos a no perder la oportunidad de transformar nuestra economía durante este periodo.
La contratación pública desempeña un papel clave en la estrategia Europa 2020, ya que es uno de los instrumentos destinados a conseguir un crecimiento inteligente, sostenible e integrado y fomentar al mismo tiempo la utilización más eficiente de los fondos públicos. Con ese fin se aprobaron el pasado mes de marzo por parte del Parlamento Europeo las nuevas Directivas de contratación pública, de adjudicación de contratos de concesión, y de contratación por entidades que operan en sectores especiales.
La nueva Ley de Contratos del Sector Público que surja de la transposición de éstas, resultará un instrumento importante para el desarrollo a largo plazo de las infraestructuras y servicios estratégicos y, por tanto, reforzará la utilización de la colaboración público-privada con procedimientos tales como la asociación para la innovación y los contratos de concesión de servicios.
Por un lado, el Círculo de Empresarios ha propuesto, recientemente, una reforma de las administraciones que reduzca su peso hasta estar comprendido entre el 35 y el 40 % del PIB. Pero, a la vez, se reclama que el sector público vuelva a ser el motor más importante de la economía española, mediante una agresiva política de inversiones y compra pública. Si a esto sumamos las limitaciones que nos impone Bruselas, habremos cuadrado el círculo (no el de empresarios, por supuesto).
El sector público necesita al sector privado y viceversa: tienen que desarrollar una relación win-win, que destierre posicionamientos basados en orientaciones políticas. En Gran Bretaña, país en donde la colaboración público-privada está muy extendida, el peso del sector público es del 41% y esta estrategia de contratación fue puesta en marcha por Margaret Thatcher y continuada por gobiernos laboristas aplicando el reconocido pragmatismo británico.
En relación con la colaboración público-privada en España, hay que poner en marcha un conjunto de medidas para no desperdiciar la oportunidad que se representan los Fondos 2014-2020:
- Plan conjunto y acciones coordinadas de los Ministerios de Economía, Hacienda y AAPP e Industria, impulsado por la Vicepresidencia del Gobierno.
- Amplio plan de difusión y formación a los diferentes niveles de la administración pública que intervendrán en los procesos de compra pública, para que no solo contemplen la adquisición de tecnologías muy contrastadas y maduras.
- Una definición objetiva y basada en evidencia de las políticas públicas que se pueden poner en marcha gracias a estos fondos para que se adecúen a las necesidades de la sociedad española, aprovechando la experiencia del sector público y el conocimiento tecnológico del sector privado.
- Una evaluación rigurosa de los resultados obtenidos que se debe contemplar desde el diseño de las actuaciones.
- Plan de difusión a empresas tecnológicas y centros de investigación, sobre los fondos disponibles y las novedades que representa la nueva ley de contratación del sector público.
- Potenciar la asociación de empresas multinacionales, pymes y centros de innovación españoles.
- Creación del observatorio de la colaboración público-privada para el sector tecnológico, que consolide y difunda las mejores prácticas que se realicen en España, poniendo especial foco en contratos de compra innovadora, asociación para la innovación y concesión de servicios.
Estamos ante una oportunidad histórica y tenemos mimbres para aprovecharla, eso sí, si construimos y ponemos en marcha un plan que posibilite la ejecución de los diferentes programas operativos previstos, con la debida transparencia y control.
Fuente: INNPULSO, Ciudades de la Ciencia y la Innovación
